INPODE, en el ojo del huracán por presunta corrupción
Las recientes investigaciones reveladas por GRADA sobre presuntos casos de corrupción han generado revuelo en todo el entorno político de la entidad que avanzan en medio de una tormenta perfecta.
Con el pasar de los días, surgen nuevos matices en torno al Instituto Poblano del Deporte (INPODE). Luego de que GRADA revelara al menos dos episodios de presunta corrupción, el revuelo del caso ha tomado nuevos tintes y ha subido de nivel.
Declaraciones, entrevistas, y hasta silencios por parte de entes gubernamentales han ocurrido esta semana a partir de la segunda investigación plasmada por este medio deportivo que documentó, con respuestas a solicitudes de información pública, un tema que a todas luces es cuestionable.
Lira: "El que nada teme, nada debe"
Desde su renuncia al INPODE, Yadira Lira Navarro no había realizado ninguna declaración, pero ayer, tras acudir a un evento organizado por Morena, fue abordada por la prensa local.
Ante los micrófonos, la exkarateca negó rotundamente la existencia de presuntas irregularidades financieras bajo su gestión y además, rechazó la versión que apunta una posible investigación en su contra por parte del gobierno estatal.
En su defensa, Lira Navarro explicó que existe un procedimiento estricto por parte del área administrativa del Gobierno de Puebla, donde recalcó que toda acción ejercida fue realizada con normalidad.
“Este procedimiento se tiene que llevar conforme a la Ley de Adquisiciones, todo está conforme a Derecho, todo está aprobado por la Junta de Gobierno, porque se hizo todo en tiempo y forma".
Por otro lado, la ex funcionaria estatal aseguró que ha solventado las observaciones, pues explicó que todo lo ocurrido bajo su tutela fue autorizado por parte del Órgano Interno de Control (OIC) del mismo INPODE.
Tras ser cuestionada sobre la investigación "INPODE malgastó 15 millones en viáticos de Juegos CONADE", la exdirectora Lira aseguró que existe una desinformación.
"Están mal informados, yo creo que hay que informarse, deben investigar bien. En el tema de alimentación y hospedaje, son sedes y subsedes quienes subsanan eso, pero en la final nacional. A todas las dependencias les compete pagar todo el proceso intermedio que es estatal, regionales y macro regional”.
Por otro lado, negó rotundamente haber manejado recursos personalmente al exponer que todo se trata de un procedimiento autorizado por el Órgano Interno de Control, el cual responde a la Secretaría de la Función Pública.
Finalmente, desconoció la existencia de una investigación en su contra, y recalcó que no tiene nada que temer porque todo lo que se realizó durante su administración fue conforme a derecho. "Todo se hizo conforme a derecho. El que nada debe, nada teme, y aquí estoy para explicarles lo que está pasando".
Bajo la lupa de Función Pública
En medio de las investigaciones publicadas por GRADA por presuntas irregularidades del INPODE que superarían los 22 millones de pesos, la Secretaría de la Función Pública (SFP) explicó que se está realizando un trabajo que corresponde a auditorías de los ejercicios fiscales de 2022 y 2023.
La dependencia encargada de investigar los presuntos manejos irregulares, a través de su titular, Juan Carlos Moreno Valle indicó a Intolerancia Diario que al INPODE le quedan cinco días para entregar la documentación comprobatoria.
El funcionario destacó que la documentación faltante "tiene que ver precisamente con uniformes y tiene que ver con viáticos", conceptos mencionados en las investigaciones de esta casa editorial.
Por último, adelantó que, en caso de no recibir dicha documentación, "quedará como quedó la primera etapa y sí te puedo decir que no está del todo concluida satisfactoriamente".
Auditoría Superior del Estado, sin señales
Por su parte, la Auditoría Superior del Estado (ASE), se ha mantenido al margen del caso, pues Intolerancia Media Group ha hecho diversas solicitudes de entrevistas con funcionarios para que aclaren el motivo del retraso en la revisión de las cuentas del INPODE sin tener respuesta.
Cabe recordar que la cuenta pública del INPODE de 2022 se ubica en un paquete de más de 150 expedientes que deben ser dictaminados, pero que aún no entrega la ASE al Congreso de Puebla, y cuyo plazo vence el próximo 30 de septiembre.
La ASE debió hacer esto el pasado 30 de abril, pero solicitó una ampliación por cinco meses.
Sobre el caso de 2023, el plazo es hasta el 30 de abril de 2025 para entregar el dictamen, mientras que el de 2024 será entregado en la misma fecha, pero de 2026.
Ante las presuntas irregularidades documentadas por este medio deportivo, Función Pública debe dar seguimiento al caso, pues cuenta con las facultades suficientes para dar cuenta a la Fiscalía General del Estado (FGE) y por ende, sancionar a quienes resulten responsables.
