Cuando el deporte se vuelve política

El deporte, concebido como una vía para el desarrollo social, la salud y el orgullo comunitario, se convierte en México en un escenario donde se cruzan intereses políticos y económicos que a menudo frenan su potencial. Aunque los valores de la competencia justa y el trabajo en equipo son su esencia, la gestión deportiva  enfrenta desafíos que provienen más de los escritorios de las oficinas gubernamentales y las cúpulas directivas que de las canchas y gimnasios.

A nivel nacional, la CONADE y el Comité Olímpico Mexicano han sido piezas clave para impulsar proyectos deportivos. Sin embargo, los presupuestos asignados y la forma en que se ejecutan frecuentemente son objeto de controversia. La política de distribución de recursos y los nombramientos directivos no siempre responden a criterios técnicos, sino a lealtades políticas o a cuotas de poder. Esto provoca que disciplinas con amplia proyección y resultados comprobados queden relegadas en favor de iniciativas que benefician a grupos cercanos a quienes toman las decisiones.

Las federaciones deportivas y las asociaciones civiles, por su parte, se debaten entre la defensa de sus disciplinas y la necesidad de mantener buenas relaciones con las autoridades para no perder apoyos. Las reuniones y congresos deportivos, que deberían ser espacios para discutir planes de desarrollo y estrategias de fomento al talento, en ocasiones se convierten en foros donde se pactan alianzas políticas y se intercambian favores.

En el centro de estas dinámicas se encuentran los clubes deportivos, que luchan por sostenerse y crecer en un ambiente donde la transparencia no siempre es la norma. La falta de rendición de cuentas en la utilización de recursos públicos destinados a infraestructura, becas o programas de formación limita el acceso de atletas emergentes a oportunidades reales de progreso. Los clubes más pequeños, que no cuentan con respaldos políticos o económicos sólidos, son los más afectados, mientras que aquellos con conexiones estratégicas logran mantenerse a flote.

Esta situación no sólo repercute en la equidad y la justicia deportiva, sino que también erosiona la confianza de la comunidad en las instituciones que deberían velar por el bienestar común. La ciudadanía ve con recelo las grandes inauguraciones de obras deportivas que muchas veces quedan inconclusas o mal aprovechadas. De igual forma, las promesas de impulso a ciertos deportes se diluyen en periodos electorales, cuando la prioridad deja de ser el desarrollo de los atletas y se convierte en la búsqueda de votos y simpatías.

Frente a este panorama, la necesidad de una gestión ética y transparente es más urgente que nunca. El deporte en México no puede seguir siendo rehén de agendas políticas que desvían su rumbo y sofocan su espíritu. La profesionalización de la administración deportiva, con criterios de mérito, experiencia y visión de largo plazo, permitiría que los recursos lleguen a donde realmente se necesitan: a los entrenadores comprometidos, a los jóvenes con talento, a las comunidades que ven en el deporte una alternativa de superación.

Además, es esencial fortalecer la rendición de cuentas. La publicación clara y periódica de los presupuestos, los resultados de los programas y las decisiones de inversión deportiva debe ser un compromiso firme de las autoridades y las federaciones. La participación ciudadana y el escrutinio público no son enemigos del deporte, sino aliados que pueden rescatarlo de los vaivenes políticos.

El deporte mexicano merece ser un espacio donde prevalezca la pasión, el esfuerzo y el mérito por encima de los intereses personales o partidistas. Convertirlo en un motor de desarrollo social y en una vía de inclusión y bienestar es posible, pero requiere valentía para denunciar las prácticas corruptas, voluntad para cambiar los viejos esquemas y una verdadera convicción de que el deporte es, antes que nada, un derecho de la comunidad.